PIP y la Reforma Universitaria

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PIP y la Reforma Universitaria

 

Una sociedad cada vez más configurada como una sociedad del saber requiere una Universidad de calidad, flexible, que estimula la innovación, abierta al exterior, capaz de aprovechar la universalidad del conocimiento y la experiencia humana, a la vez orientada al estudio y la investigación de la realidad concreta de su entorno específico y comprometida con el servicio a la comunidad.

La Universidad debe cumplir un papel de vanguardia en el avance de la investigación, que se consolidará como cometido esencial de su función institucional. La Universidad debe, pues, insertarse en las tendencias y desarrollos científicos más adelantados que sean pertinentes a nuestra realidad y nuestras necesidades nacionales. Además, para poder desempeñar adecuadamente la función que le corresponde en una sociedad democrática, la Universidad tiene que disfrutar de la más amplia autonomía institucional y libertad académica. Sólo de esa forma, sin ataduras del dirigismo educativo gubernamental, puede la Universidad servir a su pueblo mediante el libre intercambio de todas las ideas.

La Universidad tiene que estar a la vanguardia en el cumplimiento de su función de servicio. Se necesita hacer de la educación un proceso transformador que permita la adquisición de conocimientos, el auto-descubrimiento, la confrontación de ideas, experiencias y enfoques, y el conocimiento de la realidad desde la realidad misma. Se trata de “exclaustrar” a los profesores, profesoras y estudiantes de los estrechos muros de la universidad, volcándolos hacia la convivencia con la población con la que viven y trabajan, y a la que se deben.

En armonía con estos principios, el PIP ya ha propuesto en la Asamblea Legislativa nueva legislación orgánica para la Universidad de Puerto Rico. El proyecto coloca en manos de los universitarios -docentes, no docentes y estudiantes- la dirección de la institución. Lamentablemente, las mayorías parlamentarias en los últimos años no le han dado curso a la legislación, por lo que el Partido reitera en este programa la necesidad de impulsar una verdadera reforma universitaria basada en los siguientes elementos:

  • Se realizará una revisión integral de la ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico. Dicha revisión debe fundarse en los siguientes principios:
    • Se asegurará al máximo la autonomía universitaria y la libertad académica, y se le desvinculará de los vaivenes políticos del país.
    • La Junta de Síndicos de la Universidad quedará integrada con igual representación de todos los sectores que componen la comunidad universitaria (administradores académicos, facultad, y estudiantes) además de representantes del interés público. Los representantes de la comunidad universitaria a la Junta serán designados por los universitarios, y los del interés público por el Gobernador.
    • El Presidente de la Universidad será designado por la Junta de Síndicos de entre los candidatos que surjan de un amplio proceso de consulta entre los diversos sectores que integran la comunidad universitaria.
    • Los diversos funcionarios administrativos serán electos por la comunidad universitaria (los rectores por los Senados Académicos; los decanos y directores de departamentos por sus respectivas facultades, con participación de estudiantes y no docentes).
  • Para actualizar los contenidos de la educación universitaria, es preciso promover una revisión integral de todos los programas académicos con miras a que respondan mejor a la realidad puertorriqueña, adaptados a las aspiraciones sociales y económicas de nuestro pueblo, y a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos que afectan todas las disciplinas del saber.
  • Para lograr una mayor justicia distributiva y a la vez facilitar que la Universidad pueda enfrentarse a los crecientes costos de la educación superior, se instaurará un esquema de matrícula escalonada, de manera que cada estudiante pague aquella matrícula que corresponda al nivel de ingresos y la capacidad de pago de su núcleo familiar.
  • Como medida adicional de justicia distributiva para aquellas familias cuyos jóvenes asistan a universidades, se aumentará la deducción por dependientes universitarios en la planilla de contribución sobre ingresos a $3,000 por cada estudiante dependiente.

A estudiar sin militares

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