The assassination of Benazir Bhutto a tragedy for Pakistan

The Socialist International, profoundly touched, vigorously condemns the cowardly and brutal assassination of Benazir Bhutto, the leader of our member party, the Pakistan People’s Party, PPP, and a committed, dedicated figure permanently at the forefront of the struggle for democracy, stability and peace in Pakistan and in that region of the world.

Our organisation, which supported unreservedly her struggle to recover democracy in Pakistan, shared fully her efforts to reestablish in her country a democratic, civilian-based government, and for real solutions to the social and economic problems facing the Pakistani people, and greeted with admiration her courage and endeavours in favour of those objectives following her return to Pakistan two months ago.

Her voice has today been violently silenced, but her vision of a different Pakistan, born of free, fair and democratic elections, must be upheld despite terror and violence. It is therefore crucial that the international community should immediately and clearly demand that those responsible for this barbaric assassination should not go unpunished.

Today we pay homage to Benazir Bhutto. Her country has lost a great leader, democracy has lost a key defender, and the world has lost a strong advocate for peace and stability.

We express our most profound sympathy to her family, to the families of those killed with her, and to all the members of the Pakistan People’s Party. The Socialist International reaffirms its solidarity with the PPP and will actively continue to support it as it works to move forward the legacy and ideals for which Benazir Bhutto gave her life.

27 December 2007

2007: Un año duro para los derechos civiles

27 de diciembre de 2007
Por Jesús Dávila – Corresponsal de El Diario La Prensa en San Juan

SAN JUAN/CORRESPONSAL EDLP — A principios de 2008 comenzará a regir en Puerto Rico la nueva modalidad de leyes privadas para los centros comerciales, con las cuales quedarán fuera los derechos civiles de presunción de inocencia y debido proceso, además de que podrán sancionar inclusive conductas que no hayan sido tipificadas como delitos.

El nuevo estatuto para entregar potestad legislativa a los dueños de centros comerciales, que fue firmado por el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá este mes de diciembre, ha sido la culminación de un año de choques y restricciones en materia de derechos civiles, tanto en lo relativo a la administración interna del país como en el campo ocupado ahora por autoridades de Estados Unidos que echan por tierra las garantías de la Constitución de Puerto Rico.

Entre esos se ha destacado el uso de la fuerza por parte de la Policía nacional, que llegó a escandalizar al país por el video de la ejecución a tiros de un ciudadano que estaba en el piso por un agente uniformado. Eso se sumó a las múltiples querellas, especialmente en vecindarios pobres, sobre cómo policías abusan a mansalva de la población, les roban, los extorsionan y les fabrican casos.

Al cierre del año hay policías acusados por asesinatos, por servir de sicarios para gente del bajo mundo y proteger el contrabando, además del arresto de buena parte de los miembros de una división de drogas por fabricación sistemática de casos. Una comisión especial de ciudadanos designada para revisar el problema, consignó en su primer informe parcial que al septiembre de este año la Policía nacional tenía bajo investigación más de 3,300 querellas contra policías –que cubren desde abuso de autoridad y agresiones hasta conducta inmoral- lo que contrasta con las apenas 300 y tantas querellas que anualmente se presentaban contra policías en Puerto Rico a mediados de la década del sesenta.

Pero no es sólo en la relación de los ciudadanos con la fuerza policial donde se percibe el deterioro de los derechos civiles y el caso de las nuevas leyes privadas es ejemplo de ello.

La medida había sido radicada originalmente a principios de 2005 y, como fuera vetada en por el Gobernador Acevedo Vilá en 2006, fue presentada de nuevo y convertida en ley a finales de este año.

Con ella, se autoriza a los dueños de centros comerciales a aprobar por su cuenta –sin vistas públicas ni participación ciudadana- códigos de comportamiento en los que se podrá prohibir cualquier conducta o actividad que a juicio del empresario afecten el ambiente o el éxito de los comercios. Una vez aprobados, entrarán en vigor si en tres meses no son objetados por el Departamento de Justicia, para lo cual tampoco se provee mecanismo para escuchar al público.

Mediante tales códigos se podrá prohibir acceso al centro comercial hasta por tres meses a cualquier persona por mera sospecha de haber violado alguna regla o, de haber incurrido en alguna conducta que no esté prohibida pero que ha juicio del comerciante amerite la sanción. Los ciudadanos no tendrán un foro donde reclamar y si se niegan a abandonar el lugar o intentan regresar, la Policía nacional tiene el deber de arrestarles y podrán ser encarcelados hasta por seis meses.

Además, continúa en vigor la política pública del gobierno puertorriqueño de entregar arrestados a las autoridades federales para que se les pueda negar el derecho a la fianza y la insistencia del Gobierno de EE.UU. de seguir buscando la certificación de casos para posible pena de muerte, ambas cosas contrarias a la Constitución de Puerto Rico.

http://www.independencia.net/articulos/jdav_duro_ano_derCiviles27dic07.html

Gobernador violó la Ley Electoral. El PIP lo advirtió con anticipación‏

El 7 de febrero de 2005 el Comisionado ELectoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, advirtió sobre las dispsiciones de la veda electoral sobre anuncios políticos pagados con fondos públicos para evitar que las agencias del gobierno fuesen a violar la misma.  El 3 de junio del mismo año, el Lcdo. Dalmau hizo la denuncia de que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá había violado la ley electoral, al igual que el presidente de la Cámara, José Aponte, cuando hicieron anuncios públicos en los medios masivos sin cumplir con los requisitos de la ley electoral.  Ésta prohíbe la difusión de anuncios políticos pagados con fondos públicos en años en que hayan eventos electorales, sin que previamente sean revisados y aprobados por la CEE. Se debe recordar que los anuncios fueron difundidos antes del referéndum sobre la unicámara que estaba programado para celebrarse en junio de ese año. Hoy, el Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio la razón al Partido Independentista Puertorriuqeño al fallar en contra del gobernador por hallar que éste violó la ley, tal como lo denunció el PIP.  Vean las noticias sobre este asunto. ————————————
PIP advierte anuncios de gobierno violan la Ley Electoral
Por: Comunicado de Prensa Comisionado Juan Dalmau 7 de febrero de 2005
El Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, licenciado Juan Dalmau Ramírez, solicitó al Presidente de la CEE emita urgentemente una Resolución notificando a las agencias de gobierno que está vigente la veda electoral y nombre la Junta Examinadora de Anuncios. “Existe una ley para la celebración de un referéndum en el mes de julio sobre el tema de la unicameralidad. Esa ley tiene el efecto de activar la prohibición de anuncios gubernamentales que dispone la Ley Electoral. Esa prohibición no sólo aplica al año en el que se llevan a cabo elecciones generales, sino también en otros eventos electorales como lo sería un referéndum. Así lo ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico.” El licenciado Dalmau Ramírez recordó que cuando el PIP demandó a Rosselló en 1994 sobre el referéndum de la fianza, como parte de esa controversia el Tribunal Supremo confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que decidió que la prohibición de anuncios gubernamentales que dispone la Ley Electoral estaba en vigor y ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones nombrar a la Junta Examinadora de Anuncios para que ésta pudiera evaluar todos los anuncios gubernamentales durante el período previo al referéndum. “Estamos ante una situación similar a la del 1994. Por lo tanto a la luz de la ley y la jurisprudencia, la Comisión está obligada a nombrar la Junta Examinadora de Anuncios para que evalúe los anuncios del gobierno. Actualmente, aquellas agencias que están publicando anuncios están violando la Ley Electoral, ya que la prohibición está vigente hasta que se lleve acabo el evento electoral o hasta que se derogue la ley del referéndum.” El licenciado Juan Dalmau Ramírez se expresó confiado en que el Presidente de la CEE actuará con urgencia, ya que actualmente no se está cumpliendo con la Ley Electoral. El texto del memorando 7 de febrero de 2005 Aurelio Gracia Morales Presidente Juan Dalmau Ramírez RE: Vigencia de Prohibición de Anuncios Gubernamentales Le solicito que emita urgentemente una Resolución informándole a la Rama Ejecutiva, a la Asamblea Legislativa, a la Rama Judicial y a los Municipios que está vigente la prohibición de anuncios gubernamentales dispuesta en el Artículo 8.001 de la Ley Electoral. La Ley 447 del 23 de septiembre de 2004, dispone para la celebración de un referéndum en el que el pueblo exprese su preferencia en cuanto a mantener un sistema bicameral o cambiar a un sistema unicameral en la Asamblea Legislativa. Dicho referéndum se llevará a cabo el próximo 10 de julio. El Artículo 8.001 de la Ley Electoral dispone: Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ero de enero del año en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. En Berríos v. Rosselló, 137 D.P.R. 195 (1994), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que el Artículo 8.001 no sólo aplica a Elecciones Generales, sino también a otros eventos electorales como lo sería un referéndum. A la luz de la ley y la jurisprudencia, la CEE tiene una obligación legal de regular la publicidad gubernamental según dispone el Artículo 8.001. Insisto, por lo tanto, que es urgente que la Comisión emita una Resolución a esos efectos y active la Junta Examinadora de Anuncios para que comience a evaluar los anuncios gubernamentales. —————————————–
ILEGAL “GUERRA DE ANUNCIOS” SEGÚN PIP
Comunicado de prensa 3 de junio de 2005 El Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, indicó que los mensajes difundidos en los medios de comunicación por Aníbal Acevedo Vilá y José Aponte violaron la Ley Electoral. “Ante la debacle económica que vive el país y el desgobierno causado por el Partido Popular y el PNP, la respuesta del presidente de la Cámara, José Aponte, y del Gobernador Acevedo Vilá ha sido derrochar miles de dólares pautando mensajes político partidistas en los medios de comunicación. Esto además de ser inmoral e inapropiado, viola la Ley Electoral”. Según explicó el Lcdo. Dalmau Ramírez, actualmente está vigente la prohibición de anuncios gubernamentales de la Ley Electoral debido a la votación sobre la unicameralidad que se llevará a cabo el próximo 10 de julio. “El objetivo de la prohibición de anuncios gubernamentales de la Ley Electoral es evitar que de cara a una votación se utilicen fondos públicos con propósitos políticos. En un acto de oportunismo, Acevedo Vilá aprovechó la pugna de poder entre los senadores del PNP para pautar un anuncio de campaña política utilizando fondos públicos. Es igualmente condenable que el Presidente de la Cámara, José Aponte, hiciera lo mismo que el Gobernador. Ambos violaron la Ley Electoral. Por tal razón el PIP ha presentado querellas en la CEE contra ambos funcionarios. Ellos tenían que someter esos mensajes ante la Junta Examinadora de Anuncios de la CEE para ser evaluados. No lo hicieron porque sabían que no se les autorizarían los anuncios debido a su contenido político”. El Lcdo. Dalmau Ramírez explicó que las excepciones a la regla general de la prohibición de anuncios que permite a la Junta Examinadora de Anuncios para autorizar mensajes especiales son en casos de emergencia nacional, como lo sería anunciar los servicios que brinda el gobierno en medio de una catástrofe natural, o aquellos que son exigidos por ley, como lo sería el mensaje de Estado que exige la Constitución. —————————————

CONTINÚA DEL DESPLAZAMIENTO Y LA PRIVATIZACION DE COMUNIDADES EN SAN JUAN

            El Dr. Luis Roberto Piñero, Candidato Alcalde de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, denunció hoy la privatizaci ón del Proyecto Litheda Apartments en Cupey Bajo. “Actualmente este proyecto tiene un contrato de Sección 8 con la Autoridad del Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico y también bajo el Departamento de Vivienda Estatal. Los residentes recibieron una carta donde se les informa que los apartamentos Litheda fueron vendidos y pasaron a manos de Vivameri Development Corporation, por lo que los contratos expiran el 31 de diciembre de 2007 y no serán renovados. Con esta acción el gobierno evidencia su interés en seguir privatizando cuanto puede y continuar el patrón de desplazamiento de comunidades como hizo en la Comunidad San Mateo en Santurce. Algunos de los residentes de Litheda están siendo reubicados fuera de San Juan, afectando así su diario vivir, en casos tan sencillos pero importantes, como tener que soportar m ás tapones y perder más tiempo en la carretera para llegar a sus trabajos y las escuelas de los ni ños”. El Dr. Pi ñero le exige al gobierno de Aníbal Acevedo Vila que desista de esta privatizaci ón. “El alcalde Jorge Santini se ha hecho de la vista larga aún cuando esto afecta a los sanjuaneros. Emplazo al señor Santini y al señor Ferdinand Pérez a que se expresen sobre este asunto”. Finalizó diciendo el candidato del PIP.